Jonathan Menkos

Hace 24 años, la sociedad guatemalteca puso en vigencia un nuevo contrato social, una nueva Constitución de la República en la que se garantizan tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales. A esto agregamos los Acuerdos de Paz que terminan de señalar la ruta para la construcción de una nación incluyente, justa y económicamente viable.

En la práctica,  hemos asistido a las urnas cotidianamente a elegir alcaldes, diputados y presidentes. Y la libre expresión de las ideas ha sido la regla, con algunas lamentables excepciones. Pero el goce de esas libertades ha logrado disminuir muy poco la latente discriminación, ignorancia, insalubridad y miseria en la que vive un amplio conjunto de la población.

En esta notoria diferencia entre nuestros compromisos sociales y la realidad, la política fiscal juega un papel determinante, como el instrumento que permite transformar los Estados. Pero, sabe usted, la política fiscal básicamente sigue siendo la misma de los años previos a la democracia.

En cuanto al gasto público, hemos avanzado en su transparencia y en un ordenamiento moderno, siguiendo normas internacionales.  Sin embargo, los niveles de gasto son tan bajos, 14 centavos por cada quetzal que producimos, que continúa siendo insuficiente lo que destinamos a justicia, seguridad, salud, educación, vivienda o infraestructura.

A su vez, el bajo gasto refleja bajos ingresos.  El Estado guatemalteco recauda apenas 10 centavos por cada quetzal que se produce en el país, como resultado de excesivos privilegios fiscales (exenciones, deducciones y reducciones de impuestos, por ejemplo) y de una estructura tributaria orientada a gravar el consumo, por medio del IVA, y a olvidar la renta, dejando pocas posibilidades al principio de “quien gana más, paga más” y “a igual ingreso, igual impuesto”.

Conviene saber estas cosas, ahora que el Congreso comenzará a debatir sobre el presupuesto público de 2011.  Esta nación, que se desmorona con las lluvias, también se desmorona con la desigualdad y con nuestra apatía por el quehacer público.

Usted y yo, los ciudadanos de este país, no podemos construir un país democrático y diferente, con los mismos ingredientes que utilizamos en los años de la guerra civil.  Necesitamos avanzar en una política fiscal coherente con el desarrollo, y esto implica modernizar el ISR, luchar contra los evasores tributarios, evaluar el desempeño del gasto público y su transparencia, y más importante aún, plantearnos metas sociales de mediano y largo plazo con las que estemos satisfechos y comprometidos, como ciudadanos, trabajadores o empresarios.

Esta semana, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en conjunto con las organizaciones Tax Justice Network (Red de Justicia Tributaria) y Poder Ciudadano, llevaron a cabo en Guatemala el Seminario Internacional denominado “Finanzas públicas y evasión fiscal en América Latina”.

En el seminario se abordaron los principales fenómenos que inciden en la evasión fiscal, tales como una arquitectura financiera que permite la convivencia de recursos lícitos e ilícitos, por medio del lavado de dinero; la debilidad de las administraciones tributarias que por motivos legales (secreto bancario) no pueden vincular  las transacciones impositivas con las transacciones financieras de los contribuyentes,  que son de conocimiento de las entidades supervisoras de bancos; y el marco legal sobre el que se sostiene la tributación también puede constituirse en un camino llano para la evasión fiscal, principalmente en aquellos países en donde la utilización arbitraria de privilegios fiscales y la poca supervisión de sus beneficiarios da cabida a que cualquier contribuyente deje de asumir su primer responsabilidad, pagar impuestos, convirtiéndose en un polizón del desarrollo, que saca provecho económico de la sociedad sin asumir ningún compromiso con la misma. En Guatemala, la evasión del ISR supera los 14 mil millones de quetzales, lo que equivale a la suma de recursos destinados a salud y educación pública.

En Centroamérica, todos los países, con excepción de Guatemala, han hecho reformas fiscales en los últimos dos años para eliminar privilegios, gravar a las empresas telefónicas y ciertos bienes de lujo, aumentar los impuestos directos  y cerrar las posibilidades a los delincuentes tributarios.

En Guatemala, a pesar del Pacto Fiscal y los acuerdos internacionales, el Congreso está discutiendo una iniciativa de zonas francas que abre la puerta para que más empresas se conviertan en polizones.  Por otro lado, la reforma al ISR continúa postergada por una agenda legislativa que privilegia los  intereses particulares y de grupos económicos y, por una oposición burda y poco interesada en asumir con responsabilidad la agenda pendiente del Estado, que también incluye la aprobación de leyes contra la evasión fiscal, la extinción de dominio y la eliminación del secreto bancario.

Usted y yo, los ciudadanos responsables, los que no pagamos asesores tributarios ni diputados para que nos ayuden a evadir impuestos, debemos exigir al Congreso menos complicidad y más responsabilidad. Necesitamos más educación, más salud y más seguridad. ¡No más polizones!

En lo económico, de cada quetzal que producimos en Guatemala, 10 centavos van a dar a las arcas públicas, mientras que los 90 restantes se quedan en manos privadas. Los niveles de desigualdad y pobreza nos dan una clara idea de que esas manos privadas son muy pocas.  Y esas manos son las mismas que, hipócritamente ante la sociedad, exigen justicia y competitividad y lucha contra la corrupción pública, pero en la sombras, mueven los hilos junto a  la escoria de esta sociedad para vivir de privilegios.

En lo político, salvo minoristas excepciones, hay básicamente un partido: el de los negocios, cuya ideología está en estrecho contrato con el interés de estos tiranos privados, agrupados en gremios empresariales que han hecho de la nación una finca, en la que solo hay espacio para producir azúcar, café, banano, lavado de dinero, narcotráfico y migrantes.  De acuerdo a como estos tiranos privados recuerdan y escriben la historia de este país, sus acciones están por encima de la ley guatemalteca porque, según su realidad, ellos no son de Guatemala, Guatemala es de ellos.

Esta idea de propiedad les permite la estafa financiera y la quiebra de bancos a lo lowenthalabularach, la prepotencia y la generación de negocios privados con el uso privilegiado del Estado a lo arzúirigoyen, el robo de nuestros impuestos mediante la evasión a lo brolsamayoa, el contrabando a lo garcíagranados y, de más recientemente conocimiento, el sicariato a lo valdezpaiz, la corrupción y el encubrimiento a lo morenobotrán, y la muerte extrajudicial a lo giammatteivielmann.

Y cuando la Cicig comienza a poner orden en la casa, evidenciando algunos de sus crímenes y  recordando que nadie está por encima de la ley, entonces ellos, los tiranos privados, saltan de sus tronos y maldicen el día en que creyeron haber planificado una democracia de papel que les permitiera seguir viviendo en la impunidad.

Aún cuando dos y dos son cuatro, tristemente, entre la multitud encontramos, una vez más,  personas con playeras blancas preocupadas porque Giammattei es un perseguido político que ha decidido bajar de peso. Encontramos también a los gremios profesionales, cuyos presidentes han salido relativizando la vida, en defensa del Ku Klux Klan guatemalteco.   Estas expresiones reflejan como la ideología es enemiga del razonamiento, y que el sistema educativo ha sido adaptado para obedecer a los tiranos privados y reproducir sus ideas sin cuestionar. Es una pena que muchos ciudadanos, incluyendo aquellos con más de 18 años de educación, no exijan al sector privado la misma transparencia y honorabilidad que exigen al sector público.

En la tierra de uno, muchos niños en invierno, parados en las esquinas, tapados con una toalla y el rostro pintado de payaso, como para ocultar la tristeza o el hambre, ven pasar los carros, la gente y los años, y se hacen jóvenes y se hacen adultos y viejos, sin probar ni una migaja del desarrollo.    En la tierra de uno, muchos ancianos mendigan y sus ojos cansados reflejan un futuro que se perdió, poco a poco, como el agua entre las manos.

En la tierra de uno, muchas mujeres se mueren no por dar vida sino por ser pobres. Y muchos niños se quedan huérfanos de su abrazo, de su esperanza y de su escuela.  En la tierra de uno, muchos campesinos famélicos jamás se han saciado con el suculento fruto de su trabajo, y sus asoleadas espaldas se van doblando poco a poco, como las de sus antepasados, desde hace 500 años. En la tierra de uno, la lluvia arrasa las chozas, cultivos y vidas, año tras año, y para los sobrevivientes solo quedan los salones comunitarios para refugiar sus lágrimas, esperando sin esperanzas el invierno del próximo año.

En la tierra de uno, uno se despide cada mañana de sus seres queridos sin tener ninguna certeza de si volverá a cobijarse en su cariño cuando regrese a casa.  Y  muchos empresarios  mezquinos evaden y eluden pagar sus impuestos, o sentarse a dialogar y buscar acuerdos para construir una nación diferente.  No quieren porque en la tierra de uno, ellos y su codicia han estado casi siempre por encima de la ley y de la ética, y sus asuntos los arreglan con políticos y funcionarios que suman para sí, lo que roban a todos.

Es que en la tierra de uno hemos olvidado esas pequeñas cosas que nos permiten construir una tierra de todos, una sociedad. Una escuela, con maestros bien preparados y bien pagados. Un centro de salud limpio y abastecido, en el que respeten la cultura de todos. Una biblioteca en cada barrio, con sillones para soñar mientras leemos.  Un parque en donde disfrutar la eterna primavera de esta tierra. Unas calles en donde caminar libremente y saludar a los vecinos.  Un techo mínimo, un plato caliente y un trabajo digno para cualquier ciudadano.

Usted, ¿No está harto de vivir en la tierra de uno?, ¿No desearía estar en la tierra de todos? Si es así, no espere a que la construyan otros, póngase a trabajar.  Esa tierra se construye a fuerza de participación, responsabilidad y exigencia personal.  Se cimienta en una conciencia colectiva que promueve la igualdad y que no permite atajos para que la corrupción o la voracidad, pública o privada, violen el básico y universal derecho de disfrutar dignamente de nuestra  humanidad.

El seis de agosto de 1945, a los ocho con quince minutos de la mañana, el cielo de Hiroshima brilló con el relámpago más blanco jamás visto.  Un instante después hombres, mujeres, niños y ancianos aturdidos, sangrantes e indefensos deambulaban entre las calles obscurecidas por el polvo de la destrucción que provocó la bomba atómica.

Un veinticinco por ciento de la población murió debido a las quemaduras directas de la bomba, mientras otro veinte por ciento falleció por los efectos de la radiación. Los japoneses, por cultura, tendían a evitar utilizar el término sobreviviente para referirse a quienes no habían perecido con la bomba, pues esto podía sugerir una ofensa a los sagrados muertos.  Entonces decidieron llamarlos hibakusha que literalmente significa personas afectadas por una explosión. Con los años, los hibakusha fueron tratados de manera especial por las autoridades gubernamentales, quienes les brindaron una protección social particular.

En Guatemala, la desigualdad es una bomba atómica, que no se anuncia con relámpagos, ni se acaba en un instante.  Al contrario, se expande y así, silenciosa como es, va dejando a su paso rastros imborrables en una humanidad repleta de miseria, ignorancia y hambre.  Sus víctimas mueren lentamente, mientras deambulan por las calles. Por poner algunos ejemplos, el 60 por ciento de los niños indígenas menores de cinco años está desnutrido; el 70 de los jóvenes no llegará a terminar la educación básica, mientras el 75 por ciento de los trabajadores no tiene seguridad social.

Bueno, nosotros también hemos aprendido a llamarles hibakusha a los sobrevivientes de nuestra bomba atómica, no por el respeto a los muertos, sino por la cultura de tolerancia a la desigualdad. Nos parece tan normal que haya pobres.  Es más, la agroexportación, el azúcar y el café, no serían tan rentables sin ellos.  Y, las remesas familiares no abundarían ni ayudarían a la economía doméstica si todos estuviéramos bien en Guatemala.

Con la bomba atómica de Hiroshima se puede saber, a ciencia cierta, quién fue el que apretó el botón.  Con la nuestra es más complejo.  Sabemos que tienen que ver aquellos que robaron las tierras a los indígenas, aquellos que avalaron la muerte y la persecución política; también han ayudado los políticos que han hecho de la administración pública su empresa particular.  Pero, usted y yo, somos cómplices, por callar, por permitir, por no poner un hasta aquí. Así es que debemos comenzar a ser responsables. Desactivar la bomba significa involucrarnos en la construcción de un futuro colectivo digno para todos. Para vivir en un país distinto, debemos actuar distinto.

Los últimos acontecimientos políticos nos invitan a reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país.  Encontramos una mina -la Marlin-,  que continúa operando aún después de que el gobierno anunciara, el 23 de junio, que acataría las disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, suspendiendo sus operaciones ante la evidente violación del derecho a la vida de los pobladores cercanos.  La guinda en el pastel, ha sido la prórroga al contrato de Perenco, para la explotación petrolera en la Laguna del Tigre, que no solo viola las leyes medioambientales, sino que hace dudar razonablemente sobre la honorabilidad y competencia de quienes están al frente de la administración pública.

Sobre este último evento, me anima, en alguna medida, encontrar que los ministros de Gobernación, Cultura y Medioambiente, votaron en contra de la ampliación del contrato, en el Consejo de Ministros. Los demás ministros, por complacientes, por desinteresados o por su muy  particular interés, votaron a favor, legitimando una decisión que pesará sobre el futuro de este país.

Debo decir que, como economista del desarrollo, me parece incomprensible que por medio de Mi Familia Progresa se apueste por el desarrollo futuro y sostenible de la gente de este país, mientras se da prórroga a un contrato lesivo para los intereses sociales y contrario a cualquier idea de desarrollo. La extracción de petróleo y la minería, bajo las circunstancias y concesiones actuales, serán pan de hoy y hambre de mañana, así es que consentir estas actividades debe ser catalogado como un beso de Judas, con el que se entrega a la nación para ser violada.  En el caso de Perenco, ojalá que las leyes de probidad y transparencia nos respondan si ha habido monedas de plata de por medio, porque dudo que hayan ahorcados por el cargo de conciencia.

Muchos ciudadanos de este país, suelen decir que todos los políticos son iguales, y que las cosas no cambian.  Lo cierto es que para que una nación cambie, todos debemos cambiar.  No busquemos funcionarios que sean abogados, empresarios, sacerdotes mayas o militares.  Como primer paso, exijámonos funcionarios éticos y con conocimiento del quehacer público.  Estas cualidades, cuando se combinan, dan como resultado un funcionario con límites a su ignorancia y a su codicia. Y, como en cualquier sociedad democrática, los funcionarios deben someter sus decisiones al escrutinio público.  Pero si usted y yo, como  ciudadanos, votantes y contribuyentes, no estamos dispuestos a hacer nuestra labor, no esperemos que las cosas cambien.  Para tener un país diferente, hay que actuar diferente.

En todo el mundo la democracia se enfrenta a un constante escrutinio.  Después de no haber más rivales a la vista, este régimen político, antes bueno por ser considerado simplemente el menos malo de todos, hoy debe sostenerse sobre sus propios logros.

Pero el éxito de la democracia se enfrenta a tres graves peligros.  Primero, el poder de los grandes capitales, que son amenaza cuando chocan con el poder político, al no aceptar las reglas de igualdad propias de la democracia, o cuando lo corrompen; Segundo, el crimen organizado, que amenaza en la medida en que compra voluntades de funcionarios públicos, se asocia con empresarios y pobladores o simplemente siembra el terror entre la población.  Tercero, los medios de comunicación privados, son una amenaza cuando distorsionan y obstaculizan la capacidad de los ciudadanos para adquirir información y comprender los asuntos públicos de una manera clara y sin sesgos.

En ese sentido, en Guatemala, el problema de los medios de comunicación que se financian con fondos privados es que, en muchos casos, se han convertido en una empresa cuyo principal fin es generar utilidades.  Esto los lleva a publicar comentaristas y editoriales que aportan poco o nada al debate social,  pero mucho a elevar las ventas o el rating, mientras sus reportajes evidencian que la crítica a todo lo público parece haberse convertido en una industria muy rentable desde los ochentas, cuando se inició el proceso de privatización y desmantelamiento del Estado.  Estos dos fenómenos, aunados a la existencia de pocos propietarios,  han propiciado la ruptura de los principios éticos del periodismo en democracia y la preferencia de la venta de pauta comercial sobre la generación de opinión pública.

Todo lo anterior ha hecho que hoy la mayoría de los medios privados de comunicación no solo no cumplan con su objetivo de ser espacios de deliberación y acción colectiva, sino que estén contribuyendo a romper la aún débil frontera entre la consolidación de la democracia y el anarquismo en el que prosperan empresarios y políticos corruptos que apuestan por el contrabando, la delincuencia y el narcotráfico.

Como ciudadanos debemos exigir que los medios cumplan su tarea con responsabilidad.  La madurez de la democracia requiere de medios críticos no complacientes, pero éticos, que ayuden a construir, mediante el conocimiento, nuestras aspiraciones colectivas. Medios de comunicación, de propiedad variada y transparente, que lejos de limitarse a la perversa y complaciente satisfacción de identificar las fallas de la democracia y de quienes gobiernan, debatan sobre las probabilidades y propuestas para su mejora.

El 14 de julio de 1789 miles de personas tomaron la Bastilla, cárcel que se consideraba, en aquellos tiempos, el bastión de la arbitrariedad monárquica. Este hecho marcó el inicio de una revolución en  las ideas, que permitió el avance ético, político y económico de Francia y del mundo.

Dentro de las ideas modernizantes de aquella revolución están la supresión de los derechos feudales y del feudalismo, y la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano.  El feudalismo se componía de tres clases sociales, la primera constituida por quienes servían a Dios.  Otra clase, constituida por señores cuya misión era proteger a la comunidad y  administrar la justicia… y la tierra. Y, por último, una tercera clase, que debía  trabajar para mantener a las otras dos clases. El no pagar impuestos era parte de los derechos feudales que disfrutaban tanto los religiosos como los señores feudales.

La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional figuró como el preámbulo de la Constitución francesa de 1791.  En su texto la declaración hace hincapié en que la ignorancia, el olvido o menosprecio de los derechos del hombre son la causa de las calamidades públicas.

La Declaración nos recuerda que todos somos iguales en derechos, desde nuestro nacimiento.  Y continúa anotando que la libertad consiste en hacer todo aquello que no perjudique a otro; La ley es la expresión de la voluntad general, y debe ser la misma para todos; la libre comunicación del pensamiento  es uno de los derechos más preciosos. Todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a cambio de responder sobre el abuso de esta libertad en los casos que determine la ley; la garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública, instituida en beneficio de todos.  Dicha fuerza pública debe financiarse por la contribución común (impuestos), que debe repartirse equitativamente entre todos los ciudadanos, proporcionalmente a su capacidad; los ciudadanos tienen el derecho de vigilar la recaudación de sus contribuciones y su buen empleo.

Hoy, en nuestro país, mientras se discute otorgar más privilegios fiscales a las zonas francas, mientras se busca por medio de donaciones y no por medio de impuestos financiar la reconstrucción del país, mientras se juzga a los Valdez y a sus sicarios recomendados, mientras muchos diputados dejan de lado la reforma fiscal y las leyes en pro de la justicia para dedicarse a sus particulares negocios, mientras toleramos que la mitad de nosotros viva en condiciones de pobreza, hoy, es conveniente tomarnos un momento para recordar cuáles son nuestros deberes y derechos como humanos y como ciudadanos de esta nación.

Esta semana fui a las oficinas centrales de El Correo, a recoger un libro que compré por internet.  Mientras uno espera que lo atiendan, saltan a la vista las montañas de fardos amontonados en el suelo. Completa la imagen un enorme reloj antiguo, detenido en el tiempo, a la una y veintisiete de quién sabe qué día o qué año.

La espera me permitió recordar cómo el populismo de mercado de los años ochenta y noventa nos vendió la idea de que las empresas públicas, al ser privatizadas, serían eficientes y tendríamos el gusto de ser bien atendidos y de gastar menos tiempo en tantos trámites burocráticos.

Quienes gobernaron el país en aquellos años, aliados con ciertas élites económicas a quienes dejaron cogobernar a través de sus representantes, lograron que el Estado se deshiciera de la telefonía, de la distribución eléctrica, de los ferrocarriles y aviones, de los silos y hasta del servicio de correo.  Y todo esto, junto a la negativa de pagar más impuestos. Claro, el Fondo Monetario Internacional con sus ideas de “ajuste estructural” les dio pie para dejar al Estado completamente desnudo.

El Cacif  defendía la privatización en su Libro Amarillo, y en un sinnúmero de publicaciones, sustentadas desde fuera por los chicago boys y, desde dentro, por el Centro de Investigaciones  Económicas Nacionales, Cien.  Para aumentar las posibilidades de alucinación entre los guatemaltecos, a partir de 1984, se puso en marcha una campaña mediática, que exageraba en la misma medida, tanto el mal desempeño de las empresas públicas como los beneficios de la privatización. Finalmente, el gobierno de Arzú, puso la tapa al pomo, vendiendo por abonos la telefonía.

Bueno, una hora después de haber comenzado el trámite en Correos, me entregaron el libro.  El reloj seguía suspendido ahí, a la una y veintisiete, como suspendidos siguen los beneficios de la privatización de nuestros bienes públicos.  ¿Cómo le va a usted con el servicio de Telgua/Claro? ¿Se ha beneficiado por la venta de Aviateca? ¿Tenemos un tren moderno? Y, los recursos de la privatización, ¿Sabe que en su mayoría fueron utilizados para pagar a los ex-pac?…

Contrario al populismo de mercado instaurado en Guatemala, vemos a Costa Rica donde  la telefonía, la electricidad y algunos bancos son públicos. Y los ticos respetan y se sienten accionistas de sus empresas públicas, por lo que reclaman su modernización, no su venta.  Pero lo mejor es que esas empresas, con sus ganancias, contribuyen a financiar la educación, la seguridad social y la salud, bienes públicos  a los que tienen acceso todos sus ciudadanos.

Imagine si el sabio Salomón impartiera justicia en el Centro Cívico. ¿Cómo se trataría el cierre de la mina Marlin? Expongo mi versión.

Llegarían ante Salomón, primero, los que siempre han estado más cerca de la justicia, no por justos, sino porque viven en la zona 14.  El presidente del CACIF y algunos otros empresarios, los representantes de Goldcorp, un grueso de abogados y diputados-mercaderes. Y, no podrían faltar, un sinnúmero de guardaespaldas. Un poco más tarde llegarían, en camioneta extraurbana y sorteando deslaves, los pobladores de los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán.

Y, estando todos,  dice Salomón, oigamos a los más afectados, y levantan la voz los que están contra el cierre de la mina.  Nosotros somos los más afectados, dicen exaltados.  Es que si cierran la mina, qué gran incertidumbre para los inversionistas, principalmente aquellos que no entienden que también en los países pobres se debe respetar la ley. Eso sienta un mal precedente.  ¡Qué tal si nos hacen lo mismo con Perenco y la Laguna del Tigre!

Salomón invita a hablar a los marquenses.  Nosotros, dicen, usamos el agua contaminada por la mina. Bebemos y nos bañamos en ella. No queremos que destruyan las montañas ni el futuro de nuestros hijos, a los que están matando poco a poco. Es solo eso…

Ustedes no entienden, interrumpen los pro-mineros.  En unos años, cuando las utilidades den para todos, vamos a regalarles unos sus centavitos y probarán un poco del desarrollo.  ¡Aguanten, y contribuyan con el país! Además, si sobrevivieron a las encomiendas de indios, a la tierra arrasada, a las minas antipersona, al ajuste estructural, ¿qué les hace pensar que no sobrevivirán a un poco de arsénico? ¡Tan pesimistas que los ha vuelto el creer que también tienen derechos!

Después de oír por un rato a los dos grupos afectados, dice Salomón, tengo el veredicto y creo que hay una solución.  Los pro-mineros, le guiñan el ojo, creyendo que todo se arregla a lo morenobotrán, con magistrados suplentes a favor de las fechorías. Ya que ustedes están tan interesados en la inversión extranjera, en engrosar los bolsillos de los accionistas de Goldcorp, y de aparentar que todo está en regla, deberán trasladarse a vivir a las casas y chozas de quienes habitan cerca de la mina Marlin.  Les ordeno que se lleven a sus hijos y que  usen las escuelas y centros de salud, y beban y se bañen en los ríos.

A los pobladores afectados los invito a poblar las casas de los pro-mineros. Estoy seguro que encontrarán bien abonados sus jardínes y, en tamaño, suficientes para producir sus alimentos e incluso, para exportar. ¡He dicho! ¡No más impunidad!

PD.

Acceda al estudio en el que científicos de la salud ambiental de la Universidad de Michigan en Estados Unidos informan que una muestra de vecinos de la Mina Marlin en Guatemala tiene niveles más elevados de metales potencialmente tóxicos en su orina y sangre, que la muestra de personas que residen más alejadas de la mina. (http://physiciansforhumanrights.org/library/report-2010-05-18.html)