Hace 24 años, la sociedad guatemalteca puso en vigencia un nuevo contrato social, una nueva Constitución de la República en la que se garantizan tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales. A esto agregamos los Acuerdos de Paz que terminan de señalar la ruta para la construcción de una nación incluyente, justa y económicamente viable.
En la práctica, hemos asistido a las urnas cotidianamente a elegir alcaldes, diputados y presidentes. Y la libre expresión de las ideas ha sido la regla, con algunas lamentables excepciones. Pero el goce de esas libertades ha logrado disminuir muy poco la latente discriminación, ignorancia, insalubridad y miseria en la que vive un amplio conjunto de la población.
En esta notoria diferencia entre nuestros compromisos sociales y la realidad, la política fiscal juega un papel determinante, como el instrumento que permite transformar los Estados. Pero, sabe usted, la política fiscal básicamente sigue siendo la misma de los años previos a la democracia.
En cuanto al gasto público, hemos avanzado en su transparencia y en un ordenamiento moderno, siguiendo normas internacionales. Sin embargo, los niveles de gasto son tan bajos, 14 centavos por cada quetzal que producimos, que continúa siendo insuficiente lo que destinamos a justicia, seguridad, salud, educación, vivienda o infraestructura.
A su vez, el bajo gasto refleja bajos ingresos. El Estado guatemalteco recauda apenas 10 centavos por cada quetzal que se produce en el país, como resultado de excesivos privilegios fiscales (exenciones, deducciones y reducciones de impuestos, por ejemplo) y de una estructura tributaria orientada a gravar el consumo, por medio del IVA, y a olvidar la renta, dejando pocas posibilidades al principio de “quien gana más, paga más” y “a igual ingreso, igual impuesto”.
Conviene saber estas cosas, ahora que el Congreso comenzará a debatir sobre el presupuesto público de 2011. Esta nación, que se desmorona con las lluvias, también se desmorona con la desigualdad y con nuestra apatía por el quehacer público.
Usted y yo, los ciudadanos de este país, no podemos construir un país democrático y diferente, con los mismos ingredientes que utilizamos en los años de la guerra civil. Necesitamos avanzar en una política fiscal coherente con el desarrollo, y esto implica modernizar el ISR, luchar contra los evasores tributarios, evaluar el desempeño del gasto público y su transparencia, y más importante aún, plantearnos metas sociales de mediano y largo plazo con las que estemos satisfechos y comprometidos, como ciudadanos, trabajadores o empresarios.