November, 2010:

Muchas de las noticias económicas y políticas de esta semana están relacionadas con la discusión del proyecto de presupuesto de 2011. Hasta el momento en que escribo esta columna, mi percepción es que el proyecto será aprobado por el Congreso de la República.  En lo particular, prefiero que así sea, aún cuando dicho presupuesto esté lejos de ser algo ideal.

Si no se aprobara el proyecto de presupuesto, entonces el uno de enero de 2011 entrará en vigencia el mismo presupuesto de 2010 que, a su vez, es el mismo presupuesto de 2009, puesto que el año pasado no hubo consenso para su aprobación.  Cuando no se aprueban los presupuestos la política fiscal sufre retrasos y una mayor opacidad como consecuencia de las transferencias y modificaciones que se deben hacer para adecuarlo a la realidad. Además, los programas operativos elaborados por los técnicos de cada institución se convierten en letra muerta y, junto con ellos, las metas a alcanzar.

Como consecuencia de estos problemas, los beneficiarios de la producción de bienes y servicios públicos también padecemos.  Los recursos para la refacción escolar llegan hasta abril, los materiales y suministros para el sistema de salud también se retrasan y los procesos para la construcción de obra pública terminan el año a la mitad del proceso.  En 2011, el presupuesto contempla recursos para realizar las elecciones, algo que no contenía el presupuesto de 2009.

El Congreso de la República tiene en sus manos la responsabilidad de aprobar el presupuesto de la Nación para 2011, pero es evidente que la sociedad debe tener una postura clara sobre los argumentos a favor de esta aprobación.  Las manifestaciones que organizaciones sociales y empresariales han hecho a favor de más recursos, ya sea para salud, educación, seguridad o infraestructura, deberían ir acompañadas de una idea precisa de cómo se van a financiar sus exigencias.  La política fiscal es una ecuación clara en la que, por un lado, si se desea más inversión, se debe pensar también en las fuentes de recursos posibles.

En este momento es urgente la aprobación del presupuesto para 2011, pero el próximo año, que es electoral, la sociedad debería aprovechar la oportunidad para obligar a los candidatos a la presidencia a que definan sus planes de gobierno, que serán sus cartas de navegación, y que nos cuenten cómo se va a pagar la factura de dichos planes.  Porque estoy seguro que todos querrán y ofrecerán un país más competitivo, más seguro, más educado y más sano.

Usted y yo, los ciudadanos de este país, debemos estar claros que no hay un proyecto de nación sin una política fiscal que le de vida, y que los presupuestos públicos son la cara visible de la voluntad política.

Hoy se cumplen 11 años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- emitió la sentencia en la que responsabiliza al Estado de Guatemala por  el asesinato de cinco jóvenes, de entre 15 y 20 años, sucedido en junio de 1990.  Cuatro de ellos, Henry Contreras, Federico Figueroa, Julio Caal y Jovito Juárez, fueron secuestrados el 15 de junio, torturados y muertos a balazos por agentes de la policía. El quinto, Anstraum Villagrán, fue asesinado a balazos en plena calle y por los mismos agentes, el 25 de junio.  Como consta en las investigaciones, eran “niños de la calle”.

Las cinco víctimas eran amigos y sus vidas transcurrían en la Plazuela Bolívar. Rosa Morales, que trabajaba en uno de los kioscos del lugar junto con Anstraum, los detestaba, así es que un día se hartó.  A los cuatro amigos de Anstraum, en lugar de echarles agua caliente, como siempre, para que se marcharan, los invitó a tomar una sopa.  Mientras comían, ella avisó a sus matones.  Días después, los encontraron con los ojos quemados y arrancados, las orejas mutiladas y a algunos sin lengua. Otro día llegaron por Anstraum y le dispararon por la espalda, mientras escapaba.

A la muerte de los jóvenes le siguieron amenazas contra testigos, incluso la muerte de uno de ellos.  Al final, las cortes guatemaltecas dictaminaron que las pruebas eran insuficientes para culpar a alguien y por eso el caso fue elevado a la CIDH, por Casa Alianza y el Centro de Justicia y Derecho Internacional.  Uno de los jueces de la CIDH, Antonio Cançado, explicó en su voto que las cinco víctimas, antes de ser privadas cruel y arbitrariamente de sus vidas, ya se encontraban privadas de crear y desarrollar un proyecto de vida. Se encontraban en las calles en situación de alto riesgo, vulnerabilidad e indefensión, en medio de la humillación de la miseria, y advierte proféticamente que “un mundo que abandona a sus niños en las calles no tiene futuro”.

La historia de sus cortas vidas transcurrió entre el trabajo infantil, el maltrato y la desintegración familiar. La sociedad los graduó en sobrevivencia, como a tantos niños,   y usó sus fuerzas para la venta de dulces, el lustre de zapatos, la llevada de bultos y la albañilería…  Muchas veces, al leer el caso,  imagino el terror que les habrá invadido en sus últimos momentos, y me conmueve suponer su trágica amargura al sentirse, una vez más,  abandonados por nosotros, porque el fallo de la CIDH contra el Estado, es un fallo contra esta sociedad que admite y fomenta la desigualdad.

Desde hoy, cuando abrace a sus hijos,  ponga en sus rostros las sonrisas que no florecieron más en Henry, Federico, Julio, Jovito y Anstraum, y hártese de ser cómplice.  ¡exijamos el respeto a los derechos de la niñez!