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La meta de recaudación no se alcanzará este año. El gobierno ha anunciado que hasta abril la diferencia entre lo estimado y lo recaudado ascendía a Q985 millones. Para diciembre juzgan que los ingresos tributarios llegarán a Q47,875 millones, cifra mayor en 12.1% a lo recaudado en 2012, pero menor en 5% a la meta estimada para este año.

 Los principales factores que inciden en este escenario de menores ingresos se pueden dividir en dos. Por un lado, la contracción en el valor de las importaciones de bienes que, hasta el mes de marzo, registraban una variación de tan solo 2.1% con respecto a lo importado el año anterior, en el mismo período. Las estimaciones oficiales de crecimiento del producto interno bruto y de las importaciones (3.7% y 10.9% en el punto medio, respectivamente) para 2013, presentadas desde septiembre de 2012, ya evidenciaban un desbordado optimismo frente a la realidad económica global.

Por otro lado, la institucionalidad de la administración tributaria se ha deteriorado desde el inicio del actual gobierno, principalmente en el ámbito aduanero. Se ha promovido una amnistía fiscal aduanera, vigente desde de marzo de 2012, que incentiva la irresponsabilidad tributaria, al tiempo en que se promovieron despidos que han afectado la capacidad de fiscalización, provocando un problema grave para la recaudación, pues por las aduanas se capta cerca de la tercera parte de los impuestos que cobra el Estado.

La Ley de Actualización Tributaria, recientemente puesta en vigencia, ha cumplido su objetivo de incrementar los ingresos tributarios. Aún cuando, en el escenario actual, esto solo sirve para amortiguar la caída de la recaudación, es bueno reconocer que, al mes de marzo, la captación del Impuesto sobre la renta había aumentado en 18.6% con respecto al año anterior, mientras el Impuesto de circulación de vehículos registraba una variación de 23.5%. Esto significa que los dos impuestos con los cambios más importantes están dando sus frutos.

Las escasas acciones emprendidas hasta el momento para solucionar el problema de recaudación obligan a pensar que la meta de ingresos será una meta más que el gobierno no cumplirá. Más allá de aumentar los procesos masivos de fiscalización, hacer los ajustes correctos implicará tanto de tiempo como de capacidad para establecer una hoja de ruta que marque el camino hacia el urgente fortalecimiento de la SAT, la eliminación de la nociva amnistía fiscal y la aprobación de la regulación del secreto bancario, para luchar exitosamente contra la evasión fiscal.

Por lo pronto, el gobierno ha anunciado un posible recorte de Q6,000 millones sobre el gasto público, cerca del 9% del total a ejecutar este año, con lo cual reducirá también las posibilidades de cumplir sus metas en materia de seguridad, justicia, salud, empleo, educación y nutrición.

Columna publicada en la revisa Contrapoder. Año 1, número 2, del 10 de mayo 2013.

Si desea enterarse de los planes de gobierno de Guatemala y lo que cuesta cumplirlos, dele una miradita al documento Icefi/Ingep/Unicef (2011). De las promesas electorales de 2011 a la realidad. Costos y desafíos para financiar los planes de gobierno de Guatemala, 2012-2016.

Señor presidente, espero que esta carta lo encuentre bien. Seguro que sabe quién soy. Sí, soy el patojo chispudo que anda diciéndole a los ciudadanos sobre lo importante que es, para la vida en sociedad, que paguemos los impuestos cabales y que pidamos la factura. Sabe, a veces pienso que yo, desde mi humilde lugar en la sociedad, hago más que muchos de sus funcionarios  ―que usted y la vicepresidenta―, por convencer a mis conciudadanos sobre nuestra responsabilidad colectiva. A veces me digo, cuando leo las notas sobre la corrupción de su gobierno o sus componendas con élites empresariales para que estas no paguen impuestos, ¡Qué de a sombrero!

Por lo que hago, me siento con el harto derecho de escribirle. Es que vea usted los escándalos de corrupción en el Fonapaz, las compras sin control ni transparencia por medio de la industria militar, el problema de opacidad en el subsidio al transporte urbano, en los fideicomisos públicos, y en la concesión de (nuestros) terrenos de la Empresa Portuaria Quetzal, por mencionar algunos de los problemas más recientes de su administración. ¿No le parece que eso aleja a los ciudadanos de la confianza en usted y en los suyos?

Y para terminarla de amolar, la creación del Fondo de Desarrollo Social, en el que usted, la vicepresidenta y la ministra de desarrollo social, serán el Comité Técnico que decidirá el destino de Q800 millones. ¡Válgame Dios! Sin ánimo de ofenderlo, señor presidente, es que esos recursos podrán ser tratados como su caja chica personal o la caja chica que financie la campaña electoral de su partido. Digo podrán porque las reglas de juego de los fideicomisos, y la historia reciente de su utilización, obligan a pensar que los utilizarán para el clientelismo político y una mayor opacidad del gasto público.

Pero usted nos debe a los contribuyentes y a lo electores un poco más de respeto y atención. El año pasado yo andaba, de amigo en amigo, de tienda en tienda, convenciendo a todo el mundo que el Congreso debía aprobar la Actualización Tributaria, pues necesitábamos pagar más impuestos, para que el país camine por la senda del desarrollo y la democracia. Presidente, es que en verdad necesitamos combatir el hambre, más escuelas, más centros de salud, libros, refacción escolar, medicinas no sobrevaloradas, etcétera. Aún bravo con usted, ¡Estoy consciente de eso!

Además, yo se que el pago de impuestos es mi obligación, pero bueno, ustedes sí que le quitan a uno la esperanza de pensar que ese traslado de plata, de la billetera personal a la billetera de todos, tiene un sentido social. Y que, efectivamente, trasladamos a la billetera colectiva y no a la billetera de algunos sinvergüenzas.

Bueno, presidente Pérez, aún cuando, le reitero, estoy como la gran diabla, recuerdo que en su discurso sobre el primer año de gobierno, usted dijo que 2013 sería el año de la transparencia. ¡Le tomo la palabra! Y aprovecho a sugerirle algunas cosas en las que quiero ver avances, si es que usted desea que yo siga profesando las bondades de pagar impuestos.

Primero, dar marcha atrás con el Fondo de Desarrollo Social (Acuerdo Gubernativo 129-2013) y pasar los Q800 millones a programas de ejecución, en las instituciones pertinentes, afectos a la ley de Compras y Contrataciones del Estado y a las normas presupuestarias de control y transparencia. Segundo, resolver la crisis de institucionalidad de la transparencia que su gobierno ha provocado al eliminar el Viceministerio de Transparencia y Evaluación del Ministerio de Finanzas Públicas, y la inconstitucionalidad de la Secretaría de Control y Transparencia, ente creado de manera apresurada y con vacíos legales.

En el Congreso, le va a tocar presidente, así como movió pitas para la aprobación de la Ley de Actualización Tributaria y los presupuestos públicos de 2012 y 2013, buscar la forma de que sus diputados oficialistas le encuentren alguna solución, o por lo menos no se sigan acostumbrado, a la carencia de trabajo en el Legislativo, y prioricen la aprobación de las iniciativas de ley que reforman las leyes Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Orgánica del Presupuesto, de Probidad y de Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, de Compras y Contrataciones del Estado, de Servicio Civil, entre otras, que allanan el camino a la transparencia. Asimismo, habrá que legislar con respecto a los fideicomisos: cerrarlos o regularlos mejor, pero algo hay que hacer.

Como la transparencia no se refiere solo al gasto público, sino también a los ingresos del Estado. Los ciudadanos queremos saber quién, al amparo de la obscuridad bancaria, se hace el loco con el pago de los impuestos. Toca también aprobar los cambios a la regulación del secreto bancario, institución nefasta, utilizada tanto por evasores y elusores de impuestos como por otros delincuentes del crimen organizado.

Recuerde presidente que, por el bien de la democracia, todo lo que para los ciudadanos se vea opaco en el quehacer público, debe ser motivo de desconfianza hacia sus gobernantes; mientras que para los gobernantes, todo lo que sea motivo de desconfianza ciudadana, debe ser transparentado.

¡He dicho, presidente Pérez!

Si puede me responde, pero haciendo las cosas concretas que le pido, porque ya me cansé de sus puros discursos.

Simón Tax

NIT 1255170-9

Pd.: ¡Hoy sí estoy bravo!

Tomado de: http://www.espadasydragones.es/el-origen-de-los-caballeros-medievales/
Como en la época medieval, cuando los allegados al rey no tenían porque pagar tributos, y moldeaban el Estado a la medida de sus intereses, nuestra política fiscal continúa siendo el reflejo de esa idea rancia.

A inicios de 2012, el Congreso de la República aprobó la Ley Antievasión 2 y la Ley de Actualización Tributaria. La primera dota de más herramientas a la SAT para poder fiscalizar mejor, y luchar contra el contrabando y la evasión. La segunda, promueve cambios substanciales en el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Ambas buscan aumentar los recursos del Estado y modernizan las reglas del juego tributario.

Como era de esperarse, a partir de enero, con la entrada en vigencia de la Ley de Actualización Tributaria han surgido un sinnúmero de recursos de inconstitucionalidad. Hasta el momento en el que escribo esta nota, de acuerdo con cálculos del Icefi, de los 258 artículos que conforman estas leyes, se han impugnado cerca de 77 artículos, en 123 recursos de impugnación. Los tres principales impugnadores son las Cámaras del Agro y de Comercio (24), el diputado Trujillo de la bancaca Lider (23), el abogado Gabriel Orellana (17).

Lo actuado por la Corte de Constitucionalidad, nos da los siguientes resultados sobre estos 123 procesos: 1) se han archivado por falta de mérito, 13; 2) se han declarado sin lugar, 8; 3) Están en proceso de audiencia, sin suspensiones temporales (inconstitucionalidad poco probable), 66; 4) Se tienen 31 recursos en los que emitirá una resolución interpretativa, que busca reconocer que las normas son perfectibles, pero no inconstitucionales; 5) Se han suspendido provisionalmente, 4; y, finalmente, 6) Se ha declaro inconstitucional, 1.

El artículo declarado inconstitucional (Artículo 2 de la Ley Antievasión 2) está relacionado con normas dictadas para el ISR que dejó de tener vigencia a partir de enero 2013. En cuanto a los 4 artículos suspendidos provisionalmente, estos se refieren al fortalecimiento de las capacidades de fiscalización de la administración tributaria. La Corte aduce que las funciones encargadas a la administración tributaria, son funciones pertinentes de un juez.

El debate constitucional, legítimo y democrático, está permitiendo evidenciar que ambas leyes, aunque pueden ser mejoradas, tienen la fortaleza suficiente para no ser declaradas inconstitucionales. Ante esta realidad, al amparo de la Vicepresidencia de Guatemala se ha puesto en marcha una mesa de diálogo, entre el gobierno y el sector privado, para discutir cambios en las leyes Antievasión 2 y Actualización Tributaria. Por su puesto, sin la apertura a otros sectores sociales y sin espacio para los medios de comunicación, esta mesa vive al margen de la legitimidad democrática. Como en la época medieval, cuando los allegados al rey no tenían porque pagar tributos, y moldeaban el Estado a la medida de sus intereses, nuestra política fiscal continúa siendo el reflejo de esa idea rancia. La diferencia estriba en que,  desde hace 500 años, la construcción de estados modernos, ha impuesto pactos sociales y pactos fiscales con el concurso de todos los ciudadanos, asignando derechos y responsabilidades compartidas con equidad.

Lo poco que se ha colado en los medios de comunicación, sobre la mesa de diálogo, evidencia que este podría ser el espacio en donde se prepara la contrarreforma fiscal. Aún cuando podrían plantearse mejoras que fortalezcan la capacidad de fiscalizar de la administración tributaria, también se están planteando nuevos privilegios fiscales para sectores económicos determinados y retrocesos en materia de ISR, que allanan el camino para la elusión de impuestos de gran calado. Ingenios y otros contribuyentes grandes  podrían volver a deducir abundantes sumas de impuestos con cargo a sus labores de caridad. Los acuerdos logrados en la mesa, deben llegar al Congreso para ser convertidos en ley y, sabemos muy bien, que ese proceso también podría terminar en un retroceso tributario.

El presidente de la República ha defendido la reforma aprobada y los acuerdos que la hicieron posible con el sector privado. Por el otro lado, la vicepresidenta ha abierto esta mesa en la que todo puede confabular para retroceder en materia tributaria. Ambas posturas evidencian la existencia de un gobierno multicabeza, en el que los intereses no están alineados ni siquiera con el presidente y su plan de gobierno, mucho menos con la sociedad. Y usted y yo, ¿qué haremos al respecto?

Además de que, como ciudadanos, nos falta pensar de manera colectiva, debemos estar vigilantes a los acuerdos de esta mesa de diálogo no incluyente, y recordar al gobierno actual que su pacto fiscal incluía a la par del incremento de ingresos una agenda de transparencia y evaluación del gasto público que aún está pendiente de aprobarse.

Por muy loables y bonitas que puedan ser las obras ejecutadas, el compromiso de pago por su realización sigue siendo ilegítimo y, quienes aprobaron su realización, deben ser investigados y perseguidos penalmente.

Mi amigo y colega de reflexiones, Neto, se sorprendió con la noticia de que el gobierno de Guatemala quiere pagar con más deuda pública algunos contratos asumidos en los últimos años, principalmente por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, sin que hubieran fondos para su realización. Le comento que el Artículo 16 de la Ley Orgánica del Presupuesto dice que “No se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a la prevista”. En palabras menos rebuscadas,  el Estado no puede comprometerse a gastar en algo para lo que no tiene contemplados los recursos.

Por muy loables y bonitas que puedan ser las obras ejecutadas, el compromiso de pago por su  realización sigue siendo ilegítimo y, quienes aprobaron su realización, deben ser investigados y perseguidos penalmente. Mi amigo, Neto, agrega que también es necesario intentar comprender qué motivaciones puede tener un contratista para arriesgar sus propios recursos. Es probable que el contratista sepa que la probabilidad de que el Estado declare ilegal su pago futuro es casi nula. Bueno, por lo pronto, ambos hemos construido algunos casos hipotéticos, de un país hipotético, para ejemplificar esas posibles relaciones entre contratistas y contratantes…

Caso 1) Juancho Martínez, contratista del Estado, se acercó a su amigo y ministro de Comunicaciones, Chepe Filón, para contarle, bien ilusionado, que ayer pasó por un municipio muy bonito. Cerró los ojos, se inspiró e imaginó que ese lugarcito perdido entre las verdes montañas de su patria, se vería perfecto con una carretera de dos carriles: uno para ir y otro para venir. A Filón, también aficionado a soñar con echar asfalto por todos lados, le gustó la idea, pero le advirtió a su amigo Juancho que a estas alturas del año ya no hay recursos. ¡No te preocupés por eso, mi querido ministro! le dijo Martínez, me lo vas pagando como podás. ¡Si lo importante es hacer las cosas bien y bonitas! Pasa el tiempo, Filón sale del ministerio y Martínez llega a reclamar el pago, pues la carretera está y ya la usan diariamente en promedio 30 personas, tres chuchos, quince gallinas y una avioneta.

Caso 2) Lopitos, como le dicen sus allegados, de profesión contratista del Estado, ha visto como con las últimas lluvias la carretera que construyó, sin cumplir ninguna regulación de calidad, se ha ido despozolando como pastel de milhojas. Antes de que otro colega contratista se le adelante, llama a su financiado político, quien es candidato a la alcaldía o futuro ministro de Comunicaciones -¡Lo que Dios quiera!- para decirle que le va a entrar a la reparación de la carretera maltrecha, pues sus camionetas –es que también tiene negocio de transporte- se le están desgraciando. Como la tradición lo manda, el 15% de lo que se cobre al erario público va para ayudar a la campaña electoral que está en juego. Si te arriesgas, le dice el protegido y prometedor político, yo veo después cómo me las arreglo para que se te reconozca el pago y los servicios al partido, hoy en la oposición, mañana en el gobierno… Pasa el tiempo y, como profecía, hay que respetar a toda costa los créditos. Si ayer no hubo recursos disponibles, previo a firmar el contrato, hoy igual hay que honrarlo, además de ser un mandato que avala el Presidente de la República: ¡La carretera, ahí está, verdad! ¡Entonces hay que pagarla, para que el emprendedor empresario se sienta “Seguro”, como las bolsas, como los barrios, como los bonos, bueno, ¡cómo todo en estos últimos días!

Caso 3) Un grupo de constructores de obra pública gris, entre los que se incluyen primos, esposas, hijos, abuelos, hermanos y demás parentela de diputados y otros funcionarios, financistas de campaña y personajes con tarjeta de privilegios para ejercer su poder económico tradicional en el ámbito de lo público, se acercan al ministro de Comunicaciones, para contarle que, en años anteriores, siempre se ha trabajado con base en la confianza. “Las obras se inician, se desperdician y se finalician, a veces hasta sin contrato, por la pura confianza de saber que se persiguen los mismos intereses entre los contratistas o, como orgullosamente preferimos que nos llamen, desarrolladores de la imagen gris de la Nación y los funcionarios del Estado involucrados en el tema. ¿Qué está pasando ahora, pues?”. El ministro los tranquiliza y sonríe con esa sonrisa perfeccionada para ser conductor de televisión. “No se preocupen, lo que tenemos que hacer, no son reclamos, sino cálculos, pues una vez en el  Congreso,  seguro que encontramos el apoyo para que se apruebe la emisión de Bonos del Tesoro. Y termina viendo hacia el cielo y con tono como de quien quiere meter cuerda para sacar listón: “les cuento que algún día no muy lejano, me gustaría ser presidente de esta hermosa tierra de oportunidades para todos…”

De estos tres casos expuestos ¿Cuál o cuáles dan como resultado la existencia de compromisos ilegítimos de pago para el Estado? Le dejamos, Neto y yo,  la petición de que reflexione sobre el tema y, si quiere construir sus propios e hipotéticos casos, ¡este también es su espacio de expresión!